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Archive for the ‘MISCELÁNEA’ Category

Artículo escrito por Francesc Valls, aparecido en El PAÍS el día 26 de Febrero de 2012.

La policía y la ley

Por: Francesc Valls| 26feb2012

Woody Allen en uno de los diálogos cinematográficos en los que trata de seducir de Diane Keaton sintetiza de esta forma su enfrentamiento con los que califica de “dos matones”: “A uno le dí con la barbilla en la rodilla; al otro con mi estómago en su puño”. Bien, pues esa es la impresión que se puede sacar de las cargas policiales tanto contra los indignados de en la plaza de Catalunya de Barcelona en mayo del año pasado como de lo sucedido estos días en Valencia. Los manifestantes golpearon con la barbilla contra las rodillas de los agentes y con los estómagos sobre sus indefensos puños.

En Barcelona, a pesar de la literatura generada por el consejero de Interior Felip Puig, las imágenes de indignados golpeando a los agentes no se han visto. Los mossos el 27 de mayo del año pasado actuaron, según el juez que investiga el caso, de forma “vejatoria, intimidatoria y amenanzante”- Además no llevaban su obligatorio número indentificación a la vista. En perfecta coordinación entre cuerpos, en Valencia las efectivos de la Policía Nacional que cargaron contra los estudiantes de secundaria tampoco iban identficados, pero, eso sí, han logrado hacerse con un arma que atesoraba, según el jefe superior de policía, “el enemigo” : “una piedra, plana, hexagonal y negra”.

Armas de destrucción masiva al margen, la lamentable actuación policial en las calles de la capital del Turia ha evidenciado el poder del corporativismo. Solo de esta manera puede entenderse que el Sindicato Unificado de Policía tachara el martes 21 de este mes de “cobarde” y “moralmente miserable” al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Minutos antes, el ministro había asegurado a Catalunya Ràdio que abriría una investigación por si se había producido “algún exceso” en la actuación policial. Luego Fernández Díaz rectificó y dijo que los “excesos” se referían a los radicales y no a las fuerzas del orden.

El peso del corporativismo policial se impone a la autoridad democrática que en realidad no pasa de ser, a ojos del eterno funcionariado rancio, un mero interinato. Produce sonrojo que un ministro deba rectificar de manera tan humillante, pero claro ahí el poder político debería preguntarse por qué sus actuaciones, más que defender a la ciudadanía, tienden a contentar a la corporación. Apenas ha pasado una semana desde que el Gobierno central decidiera indultar a cinco mossos d’esquadra condenados por torturas en sentencia firme por el Tribunal Supremo. Los cinco agentes confundieron el 27 de julio de 2006 al ciudadano rumano Lucian Paduraru con el autor de un robo violento. Sin identificarse como policías, los mossos en cuestión le propinaron una paliza, le amenazaron de muerte y en el traslado a comisaría le introdujeron una pistola en la boca. El detenido iba acompañado de su mujer, embarazada, que también sufrió un trato degradante. Pues bien, los apoyos recibidos de políticos y compañeros del cuerpo y una “investigación” aportada por el Ministerio de Interior y la Generalitat después de la sentencia del Supremo movieron al Gobierno a mostrar su clemencia. La generosidad del Ejecutivo central permitirá que los agentes reingresen en el cuerpo y no pasen por el engorro de estar en la cárcel, burlando así la sentencia judicial.

El trabajo de policía no es fácil. Es peligroso y requiere entrega. Pero en manos de las fuerzas del orden la sociedad deposita el monopolio de la violencia y, por tanto, la transparencia debe estar a la altura del encargo. Convertir la arbitrariedad en norma es situar a una casta por encima del imperio de la ley.

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Artículo de Félix Ovejero publicado en El País, el día 7 de Marzo de 2012

Las razones y las calles

La izquierda está contra las cuerdas y la derecha crecida. A primera vista no se entiende. Era George Busch quien gobernaba en Estados Unidos aquel 15 de septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers anunció su quiebra y comenzó el lío. Y no pasaba por allí, que llevaba ocho años en el poder. Lo que se nos vino encima, que no era pequeño, no dejaba en buen lugar a los conservadores. Para que se hagan una idea, con un comparación que a estas alturas ya se queda pequeña, el precio de los rescates en EE UU supera a la suma de lo que costaron la compra de Luisana, el Plan Marshall, la crisis de las cajas de ahorro de los 80, las guerras de Corea y Vietnam, la invasión de Irak, el New Deal y el presupuesto entero de la NASA incluidos los viajes a la Luna.

Después de paladear el inventario, resulta difícil entender de donde sacan pa tanto como destacan los que a diario nos vienen con la cantinela de la incondicional eficiencia privada y los despilfarros de los gobiernos, que existen, pero que, en comparación, apenas alcanzan para cubrir el catering de las reuniones en las que se decidían estas oceánicas transferencias de riqueza.

Para los fundamentalistas del mercado desregulado como si llueve. Según ellos, el mercado, cuando se respetan los acuerdos libremente aceptados, garantiza que cada cual cargue con las consecuencias de sus —buenas o malas— acciones. Vamos, que el que la hace la paga y además, en sus justas dosis, en proporción a sus aciertos o desatinos. No sólo eso, además, el mercado, sin intromisiones institucionales, asegura la prosperidad. Mejor imposible. Mérito y bienestar, justicia y eficiencia. Con estos mimbres los conservadores amueblan su andamio retórico y sus muchachos se pasean por las radios.

Se ha penalizado a los decentes y ha habido una amplificación incontrolada de las patologías

Un relato que la crisis ha revelado lleno de costurones. Ni uno de sus principios se ha mantenido. Los ciudadanos hemos visto violados acuerdos fundamentales a pesar de cumplir con nuestra parte: empresas y hogares solventes que, sin haberse enredado en apuestas arriesgadas, han encontrado cerradas sus fuentes de financiación; trabajadores a los que se les modifican las condiciones laborales (indemnizaciones por despido, calendario laboral, cotizaciones sociales de los empresarios) pactadas en complicadas negociaciones y, en muchos casos, convertidas en derechos; votantes que ven como se desmantela un Estado del bienestar que los partidos se comprometieron a sostener; empleados públicos a quienes se reprocha su estabilidad laboral, algo que estaba en el acuerdo inicial que establecieron cuando optaron a sus puestos.

Tampoco se ha cumplido el principio de que “quien la hace, la paga”. Ni los bancos cargaban con el riesgo de las hipotecas ni los intermediarios financieros tenían que degustar el veneno de las titulaciones que inyectaban en las venas del sistema financiero. La supuesta relación entre las acciones y la (justa) retribución quedaba en nada cuando las agencias de calificación, contratadas por las propias entidades que evaluaban, sabían que si hacían debidamente su trabajo, lo perderían, que su mejor modo de conservar el negocio era callarse, o cuando los sistemas de las bonificaciones e incentivos alentaban en los empleados de los bancos de inversión o de gestión de fondos una apuestas temerarias a corto plazo con las que ellos ganaban un fortuna, despreocupándose por los intereses de sus clientes y hasta de sus empresas.

Con todo, los mayores descosidos los ha experimentado la retórica de la bondad de los resultados, según la cual, la competencia desregulada asegura el bienestar y, de paso, el castigo del mal comportamiento. En realidad, se impuso lo contrario, una penalización de los decentes y una amplificación incontrolada de las patologías. Recuerden cómo se extendió la mancha. Un prestamista sensato en la concesión de hipotecas, al encontrase con que sus competidores capturaban —a más elevados intereses— a los prestatarios que él rechazaba y que, por ello, su cuota de mercado y sus acciones caían, se enfrentaba a un dilema: seguir con la prudencia y desaparecer, o asumir riesgos, como sus rivales. Hasta aquí, el mecanismo de penalización clásico del mercado: el que la hace, la paga. Pero con la desregulación ya nada era igual. Ahora las hipotecas se podían reexpedir a las empresas de Wall Street para su titulación y trasladar los riesgos. Se acabaron los miramientos para conceder préstamos. La temeridad era la única estrategia ante competidores que, aunque no quisieran, recelosos de que se les anticiparan, se comportaban con temeridad. Una historia que se repitió, amplificada, en el siguiente escalón, cuando las empresas de Wall Street ponían en circulación las hipotecas titulizadas. Los primeros aún podían saber alguna cosa acerca de la fiabilidad de los prestamistas; en Wall Street no tenían ni idea. Hasta es posible que pensaran que los otros tenían razones para examinar las hipotecas. Es posible, aunque no es seguro. Después de todo, mediante los famosos CDO, Goldman Sachs apostó en contra —para obtener beneficios en el caso de que quebraran— los valores que recomendaba comprar a sus clientes diciéndoles que eran tan seguros como las letras del Tesoro.

Hay quienes solo pueden salir a manifestar que también tienen intereses, seguramente más justos

Pero aunque el relato conservador no se sostenga, la izquierda no levanta cabeza. La crítica no es suficiente. Hacen falta propuestas. Un terreno yermo, si miramos el panorama más cercano. Pero hay vida más allá de nuestra triste izquierda. Basta con compararnos, ahora que se aproximan las elecciones francesas, con nuestros vecinos. Un par de ejemplos que confirman que la radicalidad no es enemiga de la calidad: la defensa de un Estado garante del contrato social y de la protección bienestarista de Philippe Aghion, en Repensar l’État, o las iniciativas fiscales basadas en los principios de equidad, progresividad real y democracia de Thomas Piketty en Pour une révolution fiscale.

Desafortunadamente tampoco basta con tener claros retos y soluciones. En el desierto y sin alimentos, o con una enfermedad curable y sin seguro médico ni recursos, de poco me sirve conocer la solución a mis quebrantos. Al final, lo importante es poder aplicar las propuestas. El poder, que de eso va la política real.

También en esto hemos aprendido. Por ejemplo, que mientras a unos pocos les basta con una llamada de teléfono para pedir un cambio en la Constitución o con asomarse a los medios de comunicación para recordarnos que no están dispuestos a invertir si no se generan ciertas condiciones de confianza, de confianza para ellos, a muchos otros no les queda más que salir a la calle para recordar que también tienen intereses, seguramente más justos. Y si no lo hacen, saldrán perdiendo. Disponen de menos poder y, por eso mismo, les resulta mucho más difícil ser escuchados.

No exagero. Es otra de las lecciones de la crisis, en particular de los altos ejecutivos del sector financiero, quienes, en virtud de su posición de poder —de problemas de agencia y de información asimétrica— con los propietarios, pudieron fijar sus propios salarios, sin que importase “su productividad”. Sus enormes ingresos derivaban de su poder negociador. La enseñanza: el poder político, como el empresarial, se decanta por la línea de menor resistencia. Tiene que decidir qué modifica y qué da por sagrado, qué da por bueno y qué no. Una elección en la que importa la fuerza de cada cual, no la justicia de lo que pide.

Y aquí las cosas pintan mal. Tengo dudas acerca de la eficacia de la reforma laboral, pero de lo que no tengo duda alguna es de que modifica las relaciones de fuerza entre los trabajadores y los empresarios ni de que, más temprano que tarde, eso tendrá consecuencias en la redistribución de la renta. Nos jugamos bastantes más cosas que una hipotética recuperación a cualquier precio. Y quien no esté de acuerdo, quien crea que todo vale, debería reconsiderar la legislación del trabajo infantil. De momento ya se discute el derecho a quejarse y, a la mínima, los dicharacheros portavoces de la derecha reaccionan como si vinieran los hunos. Un respeto, que no hacemos más que aplicar lo aprendido.

Félix Ovejero Lucas es profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.

 

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Artículo publicado en EL PAÍS en la sección de opinión el día 26 de Diciembre 2011.

TRIBUNA: EVGENY MOROZOV

Tecnología del reconocimiento facial

EVGENY MOROZOV 26/12/2011

¿Por fin ha madurado Google? El cuidado con el que ha manejado la tecnología del reconocimiento facial parece sustentar esa tesis. Compárenlo con Facebook. Cuando el pasado junio la red social de Zuckerberg desveló su tecnología del reconocimiento facial se vio envuelta en una violenta reacción de la privacidad universal. Pero Google ha evitado esa fatalidad: hace pocas semanas hizo pública una tecnología que es capaz de identificar automáticamente a tus amigos en fotos subidas a Google +; y casi nadie se dio cuenta.

Las diferentes reacciones son fáciles de explicar: Facebook posibilitó esa prestación para todos los usuarios sin pedirles su permiso, mientras que Google la dispuso como una herramienta opcional. Facebook podría estar ahora en vísperas de adoptar también ese modo más cortés de propuesta: su reciente acuerdo con la Comisión Federal de Comercio estipula que todos los futuros cambios en los controles de privacidad existentes requerirán el consentimiento del usuario.

La Red parece estar apartándose de la mentalidad del opt-out (habilitar salvo que se diga que no) propia del intimidador: “sabemos que a usted le gustará esta aplicación, así que la habilitaremos por defecto”, en favor de la mentalidad del opt-in (no habilitar a menos que se dé permiso), propia del diplomático persuasivo: “hola, verifique esta nueva aplicación, pero solo si usted lo desea”. Como demuestra la adopción por parte de Facebook del “compartir sin fricciones” una cosa es obligarnos a compartir alterando nuestros parámetros de seguridad y otra muy distinta persuadirnos de que compartir es algo que realmente queremos hacer. Lo primero es una ofensa; lo segundo merece celebrarse.

Y, sin embargo, ese triunfo del opt-in no es todo lo que parece ser. Aunque ciertamente es menos coercitivo, todo opt-in hace que la tecnología subyacente -en este caso, el reconocimiento facial automático- parezca normal y aceptable. Pero ninguna compañía tecnológica lo admitirá. “La decisión está totalmente en manos del usuario”. “Todo consiste en dar más control a los usuarios”. “No forzamos a nadie; la gente puede mantenerse al margen”. Este tipo de insulsa retórica sobre “otorgar poder al usuario” ha sido durante décadas una característica básica del evangelio de Silicon Valley. Se funda en la ingenua creencia de que las tecnologías son solo herramientas y que su impacto es más bien escaso y limitado a la consecución (o no) de la tarea en cuestión. Así, si los usuarios quieren utilizar la Herramienta X para realizar la Tarea Y el único asunto a debate es la conveniencia de la Tarea Y. El hecho de que una ampliaaceptación de la Herramienta X pueda provocar también un imprevisto Efecto Z nunca preocupa a los que lo instrumentan o, si lo hace, simplemente lo descartan como algo imponderable.

Por desgracia, tal razonamiento pasa por alto el hecho de que las tecnologías, además de servir para sus funciones inmediatas, tienen también su impacto ecológico, con el que pueden transformar entornos, ideologías, usuarios, relaciones de poder e incluso otras tecnologías. Aunque los coches puedan ser un medio perfectamente útil para ir desde el Punto A al Punto B, uno no debería centrarse solamente en esa característica y no tener en cuenta de qué modo la cultura del automóvil en general pueda estar afectando a la calidad e incluso a las formas de vida urbana, o a los índices de contaminación, o a las estadísticas de mortalidad. Centrarse en los usos inmediatos de un artefacto -independientemente de que sean opt-in u opt-out- parece una pobre manera de gobernar su complejidad.

De un modo similar, suponer que una determinada tecnología no es problemática porque sus usuarios pueden desconectarla parece descaminado. ¿Por qué no se tiene en cuenta la posibilidad de que, una vez que un número suficiente de gente opta por utilizarla, la aceptación colectiva de esa tecnología puede transformar drásticamente el entorno social, haciendo difícil o imposible su falta de uso? Una vez que un número suficiente de californianos optaron por utilizar el coche, algo cambió -a nivel tanto de infraestructuras públicas como normativo-, lo que en buena medida hace de California un lugar completamente inhóspito para vivir sin coche. El coche todavía nos lleva desde el Punto A al Punto B, pero ¿no sería nuestra calidad de vida mucho mejor si intentásemos anticiparnos a sus efectos colaterales desarrollando una idea más polifacética de la tecnología automovilística?

Volviendo al asunto de las tecnologías de reconocimiento facial automático, digamos lo que sabemos al respecto: que esa tecnología puede ser objeto de abusos con facilidad; un motor de búsqueda que genera los nombres de las personas a partir de sus rostros sería muy bien acogida por los dictadores, más que interesados en poder reprimir cualquier protesta popular. También sabemos que la tecnología del reconocimiento facial ha penetrado en diversos estratos sociales. Es una manera popular de proteger nuestros teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles. Se utiliza en diversas consolas de videojuegos para crear una experiencia de juego más personalizada. Se utiliza para averiguar (¡y en tiempo real!) el número de clientes masculinos y femeninos en los bares. Y la lista continúa.

Esos usos aparentemente inocuos engendran una generación de incipientes negocios que buscan dar nuevos usos a esa tecnología, no todos ellos inocuos aunque varios de ellos previstos por sus críticos. Naturalmente, para cuando el público en general toma conciencia de ello, esa tecnología se halla tan profundamente implantada en nuestra cultura que es demasiado tarde para hacer nada.

En cierto sentido nos encontramos ante un proceso que es más perverso que la popular noción del “efecto mariposa”, esa idea de que el batir de alas de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado en Tejas. Llamémosle el “efecto Palo Alto”: un despreocupado usuario en Palo Alto, California, que se decide por el opt-in y utiliza la tecnología del reconocimiento facial de Google acaba fortaleciendo a un dictador en Damasco. ¿Por qué “perverso”? Porque el usuario de Palo Alto, a diferencia de la mariposa, siempre puede pensárselo antes, pero prefiere no hacerlo.

¿Qué se puede hacer? Bien, podemos hacer caer de lleno la responsabilidad ética sobre los usuarios de Internet y concienciarles acerca de las últimas (aunque indirectas) consecuencias de sus opciones. Existen muchos precedentes al respecto. Crecientes preocupaciones sobre desigualdad económica, cambio climático y trabajo infantil han hecho emerger el movimiento del “consumo ético”, que pretende que los consumidores tomen en consideración las ramificaciones éticas que acarrea su conducta en el mercado.

En una línea parecida, ¿por qué no pensar en aplicar conceptos similares a nuestro compromiso con Internet? ¿Qué implicaría una “navegación ética” o participar en “redes sociales éticas”? ¿No utilizar nunca sitios que se aprovechan de la tecnología del reconocimiento facial? ¿Negarse a comerciar con las compañías de Internet que cooperan con la Agencia de Seguridad Nacional? Esas son las decisiones que tendremos que tomar si no queremos que Internet se convierta en una zona sin ética. Después de todo, el uso irreflexivo de la tecnología -lo mismo que el shopping irreflexivo- no hace de nadie un modelo de buen ciudadano.

Pero tampoco dejemos a las compañías de Internet libres de culpa. Naturalmente, Google y Facebook son diferentes de las codiciosas corporaciones que explotan a los agricultores pobres o a los menores. Ninguna de las dos compañías está creando herramientas de vigilancia para que sean utilizadas por dictadores. Lo que hacen, sin embargo, es ayudar a crear la pertinente infraestructura técnica e ideológica para que tales herramientas surjan de un modo aparentemente natural. Lo cual no proporciona sólidos fundamentos para su regulación, pero abre las puertas al activismo ciudadano, a los boicoteos, y, como último recurso, a la desobediencia civil.

Las compañías de Internet saben perfectamente bien que han contraído responsabilidades. Este mismo año, Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, tildó a la tecnología de reconocimiento facial de “escalofriante” y expresó su preocupación acerca de la misma. Y, sin embargo, Google acaba de refrendar esa tecnología, si bien con la salvedad del opt-in. Esto, cree Google, les protege de cualquier acusación de comportamiento poco ético; al fin y al cabo, todo depende del usuario. Pero ¿acaso nos convencerían las compañías petroleras de que cualquiera que estuviera preocupado por el cambio climático no tiene que conducir un Humvee? Quizá no. Al pretender que no saben cómo acaba esta triste película es cuando se hace evidente la gran metedura de pata ética de las empresas tecnológicas.

 

 

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Artículo aparecido en EL PAÍS.

TRIBUNA: EMILIO LLEDÓ

¿Quién privatiza a los políticos?

Hay que buscar las razones de la degeneración intelectual de parte de la clase política. Es un deber de la sociedad descubrir las razones ocultas de las privatizaciones. ¿Cómo recuperaremos lo que hemos perdido?

EMILIO LLEDÓ 04/10/2011

La defensa de lo público hace vivir la democracia. Hay, por supuesto, opiniones en contra que parecen apoyarse en ese latiguillo de la libertad individual para fomentar la riqueza; de la libertad de emprender, de crear, que se oculta bajo la oscurecida palabra de liberalismo. No se puede negar la importancia de los llamados bienes de consumo que, al parecer, la economía y los economistas administran. Pero el verdadero sustento de la sociedad, de la vida colectiva tan importante como la vida de la naturaleza, es la educación, la cultura, la ética. Ellas son las verdaderas generadoras de riqueza ideal, moral y material.

La democracia, que nació como lucha hacia la igualdad por medio de la reflexión sobre las palabras y por el establecimiento de unos ideales de justicia y verdad, no puede rendirse a las privatizaciones mentales de paradójicos libertadores. Sin embargo, apenas se insiste en el hecho de que la crisis que padecemos es una crisis que tantos competentes expertos, siguiendo el principio de la libertad y la competitividad, no han sabido evitar, ni tampoco las diversas burbujas -sobre todo las propias burbujas mentales- que inflaban y aireaban. Burbujas que, parece ser, les han permitido construir sin que nadie les pida responsabilidades por sus liberadas y productivas ganancias.

No es, sin embargo, una discusión sobre problemas económicos, cuyos entresijos y burbujeos desconocemos, a lo que voy a referirme, aunque haya siempre un principio de honradez y verdad en el que, seguro, todos nos entenderíamos. Aludiré únicamente a una de esas frases vacías que hincha las palabras de ciertas oligarquías. Desde hace años, de nuevo en estos días, como manifestación del menosprecio por la enseñanza pública y por sus profesores, se habla de la libertad de los padres para elegir el centro en el que educar a sus hijos. Esa defensa libertaria no tiene que ver con el deseo de que se practique en la educación una verdadera libertad: la libertad de entender, de pensar, de interpretar, de desfanatizar, de sentir. Libertad que, por encima de todas las sectas, debería fomentar la combatida Educación para la Ciudadanía y la identidad democrática. Una libertad que enseñase algo más que la obsesión por el dinero y por el solapado cultivo de la avaricia. A lo mejor, esa educación les obligaba a dimitir a algunos personajes de la vida pública, por vergüenza del engaño que arrastran y contaminan. Mejor dicho: haría imposible que se dieran semejantes individuos.

Ese sermoneo se funda sobre todo en el fomento de la privatización de la enseñanza que alimenta el dinero y la desigualdad. ¿Pueden gozar de esa libertad todos los padres? ¿También los de los barrios más modestos de las grandes ciudades? ¿Pueden ser libres para mandar a sus hijos a esos colegios privados? Centros que proliferan por nuestro país y que apenas pueden compararse, a pesar de sus supuestas y publicitadas excelencias, con cualquier colegio o instituto público de Francia o Alemania. Por lo visto los padres franceses o alemanes ni siquiera se han planteado esa posible libertad que, lógicamente, no necesitan. En ese mismo derrotero andan algunas universidades, que anuncian sus excelencias pregonando que “los alumnos encontrarán las profesiones que les permitirán colocarse rápidamente en la empresa”. ¡Magnífico ideario para fomentar la vida universitaria, la pasión por el saber, el crear, el innovar! En el fondo, toda esa propaganda libertaria es fruto de planteamientos políticos, de dominio ideológico, de sustanciosos prejuicios clasistas, que con doble o triple moral predican libertad, cuando lo que realmente les importa, aunque quieran engañarse y engañarnos, es el dinero. Solo por medio de una ideología de la decencia, de la justicia, de la lucha por la igualdad, tan problemática siempre, puede alzarse el sistema educativo de nuestro país, de todos los países. No puedo por menos de citar un texto de Giner de los Ríos, entre muchos de los que podrían citarse del olvidado precursor: “El dogmatismo, el dominio sectario sobre los espíritus, el afán de proselitismo doctrinal, tantas otras formas de opresión y de coacción muestran cómo esa tutela se corrompe, y en vez de disponer gradualmente al hombre para su emancipación procura disponerlo para perpetuar su servidumbre”.

En este punto tendríamos que preguntarnos: ¿Quién privatiza a los políticos? ¿Qué palabras huecas, convertidas en grumos pegajosos aplastan los cerebros de los que van a administrar lo público, o sea lo de todos, si la corrupción mental ha comenzado por deteriorar esas neuronas que fluyen siempre hacia la ganancia privada? No se entiende bien cómo a esos destructores de la idea de lo público les votan aquellos que perderían lo poco que tienen en manos de tales personajes. A no ser que la mente de esos súbditos haya sido manipulada y, en la miserable sordidez de la propia ignorancia, esperen alguna migaja, algún botón del traje que viste el supuesto partido político que les arrastra.

Habrá, como digo, que ir estudiando las razones que mueven el comportamiento de esos padres de la patria que tienen el deber de organizar, no para su provecho y el de sus amigoides o amigantes, eso que se suele llamar, más o menos acertadamente, el bien común. Un pueblo “maravillosamente dotado para la sabiduría”, como decía Machado, y al que hay que dar ejemplo para que no pierda el sentido de la justicia, de la honradez. Es importante conocer en los defensores de la libre empresa, en los apóstoles de la privatización, qué empresa, ideología, fanatismo, les ha privatizado a ellos. Porque se trata de evitar que la patología individual de esos sujetos se convierta en patología, donde se hunde la vida colectiva.

Es un deber de la sociedad investigar y descubrir las razones ocultas de las privatizaciones. Parece que la raíz de todas ellas, con independencia de determinadas claves genéticas, brota también de la educación, de los ideales que, al abrirnos al mundo del saber y la cultura, hayan acertado a enseñarnos aquellos en cuyas manos está alumbrar la inteligencia y la sensibilidad. Las opiniones que se clavan en las neuronas y que determinan la forma de actuar sobre las palabras y sobre aquello a que esas palabras nos empujan, proviene de esos reflejos condicionados que, desde la infancia, han aprisionado nuestra manera de ver e interpretar el mundo.

Podemos intuir que la degeneración intelectual de buena parte de la clase política, y de los llamados emprendedores -los que, por ejemplo, emprendieron la destrucción de nuestras costas-, procede de esos conglomerados ideológicos en los que se mezclan, con la indecencia, alguno de los males a que se ha aludido. ¿Quién privatiza a los políticos? ¿Quién nos devolverá, en el futuro, la vida pública, los bienes públicos, que nos están robando?

 

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Article de EL PAÍS secció Quadern Catalunya

CRÍTIQUES

Literatura i pàtria

MARGINALIA

JORDI LLOVET 08/09/2011

Una notícia reportada en aquest mateix diari el passat dia 19 d’agost a propòsit d’una visita de la consellera Irene Rigau a la Universitat Catalana d’Estiu (Prada, França Sud) venia a dir dues coses de gran calibre quant a l’àmbit de l’educació i les lletres. La primera és que cal reforçar l’ensenyament de la llengua i de la literatura catalana a les escoles. El principi és molt lloable, però quedarà en no- res mentre només hi hagi dues hores a la setmana dedicades a l’ensenyament d’aquestes matèries als nostres centres d’instrucció pública. Si la consellera aconsegueix doblar o triplicar aquesta dedicació, doncs moltes felicitats. El propòsit seu que “creixi l’hàbit lector en la societat catalana” només mereix aplaudiment. També és lloable que digui que “la lectura és la porta d’accés al coneixement. Se n’ha debilitat el domini i tenim unes mancances importants. Per això hem elaborat aquest pla”. Més aplaudiments.

La segona cosa, que és la que resulta enormement discutible, feia referència a la suposada relació entre llengua, literatura, nació i patriotisme. En principi, les llengües no són ni patriòtiques ni antipatriòtiques: són un instrument que les civilitzacions fan servir per a la comunicació de totes les coses, les de la realitat, les simbòliques i les sobrenaturals, quan és el cas. És cert que les llengües permeten fórmules i expressions que afavoreixen el sentiment patriòtic, com ara: “Deutschland, Deutschland über alles” o “Visca Catalunya lliure!”, però les mateixes llengües permeten fórmules directament oposades a aquestes, igual de gramaticals. Els sentiments patriòtics, o són muts, o són un derivat ideològic que poden forjar tant les llengües com el folklore, la gastronomia, el paisatge, la vestimenta local i mil coses més.

Per això hem de mirar de treure’ns de sobre la perplexitat en sentir que el govern es proposa de convertir l’ensenyament de la llengua, i encara més el de la literatura (que sempre permetrà més fàcilment un tractament esbiaixat, en especial si es recorre a Salvador Espriu i es deixen de banda Riba o Foix) com a formació de l’esperit nacional: això ho feia el franquisme amb una assignatura que es deia precisament així, deixant estàlvies, gràcies a Déu, tant la llengua com la literatura: no recordo haver hagut de llegir a les classes de literatura, en ple franquisme, ni una pàgina de Donoso Cortés o de Ramiro de Maeztu, i menys encara el poema de José María Pemán dedicat al dictador. Encara deia la consellera: “Hi ha molts pares que no són capaços de recitar La vaca cega als seus fills, i aquesta funció ha de fer-la l’escola”. El nostre punt de vista és que els pares fan molt santament en no recitar un poema tan fluix als seus fills, i que l’escola faria també molt bé en passar-lo per alt, en favor, posem per cas, del Cant espiritual del mateix Maragall, que no és patriòtic, sinó metafísic, i molt bo.

Ja fa anys que els responsables de triar les lectures catalanes per a les escoles s’equivoquen: van començar imaginant que els nois i noies entendrien alguna cosa d’Els fruits saborosos o de Tirant lo Blanc, i van ensopegar; després van fer un tomb de cent-vuitanta graus i van posar-hi un text tan deliqüescent com el Mecanoscrit de Manuel de Pedrolo. Tomba i gira, i gira i tomba, el cas és que han passat trenta anys i encara no s’ha fet un llistat de lectures catalanes adequades per tal com els nostres fills i filles agafin gust per la lectura, i el conservin. Perquè no es tracta de fer-se més o menys patriota llegint literatura. Vegeu Goethe (1827): “El concepte de literatura nacional ja no té gaire sentit; ha començat l’època de la literatura universal i tots hem d’esforçar-nos per col·laborar al seu desplegament”. Potser seria millor fer llegir als joves —baldament es tractés de traduccions meritòries de grans clàssics estrangers del segle XX al costat de coses nostres adequades— llibres que ens assegurin que, deixant a banda el patriotisme —quatre fórmules, dues cançons de Lluís Llach i una senyera, que s’aprenen i identifiquen en una tarda—, siguin capaços de destriar per sempre la gran literatura de les ideologies i les efusions sentimentals.

 

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Desde hace ya un tiempo (lamentablemente, demasiado tiempo), los lectores de algunos medios escritos se quejan de las continuas faltas de ortografía y la mala sintaxis que aparecen en las noticias y artículos de esos mismos medios.

Para algunos docentes resulta cada vez más difícil recomendar a nuestros alumnos la lectura de periódicos, porque ello es poco menos que abocarlos al emporio de los analfabetos, cuyas consecuencias es ser uno más de los damnificados.

Hemos de celebrar, no obstante, que medios como EL PAÍS cuenten con la figura de la defensora del lector, Milagros Pérez Oliva, cuyas interesantes tribunas sí recomendamos a nuestros alumnos. El texto que a continuación reproducimos, perteneciente a la sección de la defensora del lector, apareció en el diario EL PAÍS, el pasado 11 de Septiembre de 2011.

TRIBUNA: MILAGROS PÉREZ OLIVA

Errores y horrores de agosto

Aumentan las quejas por errores y faltas de ortografía, especialmente frecuentes en la edición digital. Los lectores piden una mayor exigencia en el uso del lenguaje

MILAGROS PÉREZ OLIVA 11/09/2011

Un minuto. Eso es lo que me pedía Josep Belda, lector de Barcelona para quien “EL PAÍS ha sido y sigue siendo una referencia cultural e informativa”; un minuto de atención al artículo que en ese momento figuraba en la edición digital con el título “Una estrella que nunca debió existir”: había encontrado “no menos de 10 errores gramaticales, ortográficos y tipográficos, amén de una regular traducción del idioma en el que originalmente debió escribirse”. El artículo se corrigió en una versión posterior, pero el daño ya estaba hecho, pues los primeros lectores interesados por la noticia ya se habían llevado una pésima impresión del diario. Y algunos tal vez habían hecho como Anahí Serí, de Valencia, que a la vista de los errores de los primeros párrafos ya no tuvo interés en llegar al final. Y además se sintió menospreciada como lectora, según me explica en su carta.

En los últimos meses ha aumentado el número de quejas por errores. Algunos lectores lamentan que, junto a textos de gran calidad, aparezcan también piezas muy descuidadas. Es el caso de Julián Sánchez Bravo, profesor de español que, como otros muchos docentes, utiliza los artículos de EL PAÍS como material de estudio.

Los errores que más enfadan a los lectores son los ortográficos, y con razón, pues significa que descuidamos precisamente aquello en lo que deberíamos demostrar más competencia, el uso del lenguaje. El domingo 24 de julio, por ejemplo, una entrevista a Baudilio Tomé aparecía con el titular “No preveemos recortes masivos de empleo público”. Muchos lectores protestaron por esta falta. Uno de ellos, Jorge Martínez Ara, se molestó en buscar además cuántas veces habíamos cometido el mismo error y lo encontró en 12 noticias publicadas desde 2010.

El 10 de agosto, Alfonso Susanna escribió a la Defensora para advertir de que “por segundo día consecutivo” figuraba en una crónica sobre los disturbios de Londres la siguiente frase: “Cameron ha presidido (…) una reunión (…) para evaluar la respuesta a los saqueos y disturbios que han llevado en 4 días ha practicar 768 detenciones”. Ese horrible “ha practicar” fue corregido, pero una búsqueda en Internet me ha permitido observar que el error sigue vivo en al menos 11 textos de diferentes publicaciones y blogs. Curiosamente, esos textos reproducen la frase con la falta de ortografía, pero la agencia de la que bebieron sale indemne porque nadie la cita.

En la entrevista al actor Jason Momoa, publicada en El País Semanal del domingo 14, escribimos “a elegido usted”, en lugar de “ha elegido usted”, y en la crónica bursátil del día 10 podía leerse que “también hacabó el día en rojo el español Ibex 35″. Horrible.”Si los redactores no tienen formación precisa para escribir en su periódico, alguien debería revisar los textos antes de ser publicados o, al menos, usar el corrector ortográfico automático”, afirma Jaime Beruete. Lo peor es que ese “hacabó” pasó todos los controles y allí seguía cuando revisé el artículo a la vuelta de vacaciones.

También abundan los errores en datos y contenidos. Josep Manuel Sabater escribía el 15 de agosto: “Realmente el nivel de la enseñanza española debe ser muy bajo cuando en el periódico más solvente del país se confunde algoritmo por logaritmo”. La confusión se producía, por dos veces, en la crónica “El cámping de Els Alfacs demanda a Google para que retire enlaces sobre la tragedia de 1978”. Manuel Campíñez, médico de familia de Vallcarca, encontró otro error en la noticia “El Gobierno prevé ahorrar 2.400 millones con los medicamentos”. En ella se decía: “La propuesta de recetar por principio activo (omeprazol en vez de losartán, por ejemplo)”. Pues no era un buen ejemplo, porque se trata de dos medicamentos diferentes y, por tanto, no son sustituibles. El omeprazol es un protector estomacal y el losartán un antihipertensivo. Sustituir uno por otro sería una barbaridad. El ejemplo correcto hubiera sido, según el doctor Campíñez, “sustituir la marca Emeproton por el genérico omeprazol, o Cozaar por losartán”. Este tipo de errores causan un gran daño al prestigio del diario, pues el lector experto en esa materia puede preguntarse, con razón, cuántos errores habrá en los temas que no domina.

Hay errores que desafían toda lógica, lo cual indica que son fruto de la dejadez o el descuido. En la crónica “Los túneles secretos del coronel” se dijo que “el líder libio puso en marcha en 1984 la construcción de cientos de miles de kilómetros de túneles”. Teniendo en cuenta que, como señala Juan Luis Corcobado, “la red entera de carreteras de España está formada por unos 163.000 kilómetros”, la longitud de los túneles de Gadafi resultaba a todas luces excesiva. Y, sin embargo, a nadie le chocó.

Ese mismo día, 25 de agosto, Alfonso Ormaetxea encontró otro error también muy frecuente: “Confundir el billion de Estados Unidos, es decir, mil millones, con nuestro billón, que es un millón de millones”. El error resultaba especialmente grosero, dado el contexto de crisis, pues decíamos que el magnate que ha contratado al jugador de fútbol Eto’o, Suleiman Kerimov, “tiene un patrimonio de 7,8 billones de dólares, el mismo que Berlusconi y su familia”. Tan sorprendente era que la fortuna del magnate ruso fuera de billones de dólares como que la mujer más rica de Francia, la propietaria de L’Oréal, Liliane Bettencourt, hubiera acumulado solo 16 millones de euros, como se decía el día anterior en otra crónica. En ese texto se atribuía también a Stephane Richard una fortuna de 1,7 millones de euros, cuando, según el lector Juan M. Moral, “ese fue su sueldo del año pasado como directivo de France Telecom”. “Un poco de lógica y una búsqueda en Internet deberían ser suficientes para evitar estos errores”, señala el lector.

Hay titulares que, además de descuido, demuestran ignorancia. “El joven asesinado por la policía en Londres murió por una única bala”. Este titular, como certeramente señala Pau Segrelles, de Valencia, revela que quien puso la noticia en página ignora los tiempos del procedimiento judicial, la diferencia entre homicidio y asesinato y el concepto de dolo. Asesinar es “matar con premeditación y alevosía”, algo que en la fase en que se encuentra el proceso está aún por determinar.

Durante este mes de agosto hemos titulado, para disgusto de Rafael García, “El escasez de agua y alimentos atenaza Trípoli”. Y también que “Salgado niega que las comunidades autónomas estén en riesgo de colapsar”. ¿De colapsar qué?, pregunta Alberto Sanjuan. Un mismo nombre, Otxandiano, ha aparecido hasta de tres formas diferentes en el mismo texto y hemos denominado “hastados” a los toros que José Tomás toreó en Huelva.

Es una muestra de los horrores de agosto. Puestas una detrás de otra, las quejas por errores conforman la radiografía de nuestras carencias. Y son muchas. Demasiadas para los estándares de calidad a los que aspira este periódico. Los responsables del diario son plenamente conscientes del problema. En una reunión celebrada el pasado lunes, el director de EL PAÍS, Javier Moreno, hizo un severo reproche a toda la redacción por la gran cantidad de errores que se cometen. “El error más pequeño resulta intolerable, porque causa un grave daño a la imagen del diario”, dijo.

Cuando un error llega al lector significa que han fallado todos los mecanismos de seguridad. El primer responsable, señala el subdirector Carlos Yárnoz, es el redactor que lo introduce. Y después, toda la cadena de supervisión. “Somos los primeros en lamentar estos errores. Son nuestra obsesión, y sin embargo no conseguimos reducirlos como querríamos”, confiesa Yárnoz. Urge un diagnóstico sobre las causas de este deterioro. La edición digital aparece como la más vulnerable. Todo apunta a que hay un problema de exigencia individual, un problema de supervisión y también un problema de formación.

 

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Inundados en lágrimas secas.

… he muerto cientos de veces… y yo vuelvo a la oscuridad…

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